El costo de la inseguridad a México y América Latina no disminuye

La inseguridad en Latinoamérica es de 3.44% del Producto Interno Bruto, costo que incluye pérdidas de vidas, seguridad pública y privada.

En México, esta realidad implica una limitante directa al desarrollo económico y social del país, obstaculizando la inversión, frenando el empleo y afectando a sectores clave como el turismo. 

Expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierten que esta situación persiste sin mejoras notables desde 2022, lo cual representa un costo de oportunidad considerable para una economía con grandes potenciales de desarrollo.

Una fortaleza del mercado mexicano es su resiliencia y capacidad de adaptación en un contexto adverso, con empresas y comunidades que siguen avanzando y buscando estrategias para operar en condiciones desafiantes. Las industrias mexicanas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, demuestran una alta capacidad de resistencia ante la inseguridad, invirtiendo en seguridad privada y ajustando sus operaciones. 

Sin embargo, esta misma fortaleza se convierte en una debilidad cuando los recursos que podrían destinarse a la innovación y crecimiento son absorbidos por gastos en seguridad y protección. Esto limita el margen para que las empresas mexicanas aumenten su competitividad a nivel global y afecta directamente el potencial de crecimiento económico.

El contexto de inseguridad también revela una oportunidad de mejorar la estructura institucional y fortalecer los sistemas de justicia y seguridad. México, como uno de los mercados más atractivos de América Latina, tiene la posibilidad de tomar medidas que promuevan un entorno más seguro, lo cual aumentaría la confianza tanto de inversionistas nacionales como extranjeros.

La reciente colaboración de organismos internacionales y expertos en economía y seguridad subraya la importancia de trabajar en políticas públicas que aborden las raíces del crimen y no solo sus consecuencias.

El incremento en la participación y responsabilidad del sector público podría reconfigurar el panorama de inversión, creando una ventaja competitiva que atraiga nuevos capitales y fomente el desarrollo de sectores afectados, como el turismo y la infraestructura.

En términos de amenazas, la prevalencia de la corrupción y el clima de impunidad agravan la percepción de inseguridad y dificultan la implementación efectiva de políticas contra el crimen. El FMI advirtió en sus conclusiones de la revisión del Artículo IV que el crimen y la corrupción son factores limitantes para las nuevas inversiones y el crecimiento económico de México.

La falta de confianza en las instituciones de justicia y seguridad no solo desincentiva la inversión, sino que también obstaculiza el crecimiento de empresas que, debido a su tamaño, enfrentan mayores costos para protegerse. La percepción de inseguridad es un factor que afecta no solo las operaciones locales, sino también la percepción global de México como un lugar viable para el negocio y la inversión, desalentando así la llegada de capital extranjero.

La participación de especialistas enfatiza el impacto que la inseguridad tiene en la economía mexicana, desde la integración de las mujeres al mercado laboral hasta la productividad de sectores económicos completos. Mientras la región enfrenta una creciente desigualdad que, a su vez, intensifica los efectos de la inseguridad, México tiene la oportunidad y el desafío de reestructurar sus políticas de seguridad, innovar en sus sistemas de protección y reducir los costos del crimen en su economía.

Esta inversión no solo generaría beneficios a nivel local, sino que podría transformar la imagen del país en el escenario internacional, atrayendo nuevas oportunidades de negocio y favoreciendo una estructura económica más sólida y equitativa.

Colaboración: Editorial Auge.